El tratamiento para la hepatitis C llega con retraso a las cárceles

“Indudablemente, los presos están peor” en cuanto acceso a los nuevos tratamientos contra la hepatitis C. José Tomás Quiñonero, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria es tajante al respecto. Fuera de las cárceles, prácticamente todas las personas con hepatitis C en sus fases más avanzadas (F3 y F2) y muchas en estados anteriores ya han recibido la medicación o están tomándola (76.000 personas en junio de este año, según Sanidad, de unos 100.000 diagnosticados). Pero en prisiones, donde se calcula que alrededor del 18% de los 52.000 reclusos tienen el virus (unas 9.400 personas), todavía quedan bastantes en los estados más avanzados, que Quiñonero calcula que son unas 4.000, sin medicar.

La principal causa es organizativa. Además de los 17 sistemas de salud autonómicos, más el Ingesa que gestiona Ceuta y Melilla, en España hay otros (Muface para los funcionarios, la sanidad militar y la penitenciaria) que funcionan aparte. En el caso de las cárceles (salvo Cataluña, que las tiene transferidas), su sanidad no está integrada con la del resto de la población.

Y eso que el médico explica que las prisiones son “una puerta de entrada en el sistema de personas que hasta entonces han tenido muy poca relación con él”. Las características de los nuevos fármacos (son pastillas que hay que tomar durante 12 semanas como máximo y con una eficacia de más del 95%) las hacen idóneas para abordar esta enfermedad en la cárcel, muy lejos de los tratamientos anteriores, mucho más largos (hasta 18 meses) y con medicamentos inyectados.

Ello implica que son fáciles de atender y de seguir. “La vida en prisión facilita que sigan el tratamiento”, que es el principal requisito para que este sea efectivo, indica el sanitario. “Al principio se les da y son directamente observados” hasta que se lo toman, dice. Luego, aunque cambien de centro o salgan en libertad, el sistema es sencillo. Solo tienen que comunicarse con sus futuros médicos.

Por eso el obstáculo no es solo económico, dice Quiñonero, aunque este influye: en los hospitales, la medicación cuesta actualmente unos 10.000 euros por persona, aunque al principio se habló de precios de hasta 60.000, que deben pagar las comunidades. De estas, “unas lo están financiando y otras no quieren saber nada”, señala el médico. “Lo dan, pero ya se verá quién lo paga”.

Pero, además, cuando un recluso es tratado, eso “implica salidas de la cárcel a realizar pruebas, a consultas especializadas, y a veces no hay personal para los traslados o las consultas están atascadas”, dice.

El resultado es que hay un retraso en recibir lo que es habitual fuera de prisión. Y es una pena. El médico lo tiene claro: salir con una hepatitis C curada es una muy buena manera “de aprovechar el tiempo en prisión”.